Se elegirá nuevo procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato

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Redacción

Guanajuato.- A petición del propio procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, no será ratificado para continuar un segundo periodo consecutivo al frente de la institución.

En la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado se determinó lanzar la convocatoria para elegir a un nuevo ombudsman en la entidad para los próximos cuatro años.

Jesús Oviedo Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, informó que el titular de la PDHEG, José Raúl Montero de Alba, hizo llegar un documento en el que dio a conocer su desistimiento a permanecer por un segundo periodo.

La convocatoria a publicarse a partir del jueves 19 de noviembre establece que las propuestas se recibirán del 19 al 30 de noviembre, únicamente en días hábiles.

Posteriormente, la Comisión de Derechos Humanos y Atención de Grupos Vulnerables entrevistará a los postulantes por separado los días 7 y 8 de diciembre de 2020.

De acuerdo a la convocatoria, a más tardar el 18 de diciembre la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, deberán someter a discusión y votación en Sesión de Pleno el nombramiento del próximo titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

José Raúl Montero de Alba rindió protesta como Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato el 24 de noviembre de 2016, para un primer periodo de únicamente cuatro años, con la posibilidad de un segundo periodo consecutivo.

La designación se llevó al cabo en 2016 a través de una convocatoria que desde el Congreso del Estado de Guanajuato se lanza, para posteriormente organizaciones, asociaciones y defensores de los Derechos Humanos postulen una propuesta.

Como requisitos para participar en la convocatoria se establece que los candidatos deberán tener ciudadanía mexicana, con residencia en el Estado no menor de cinco años, tener cuando menos 35 años y ser preferentemente Licenciado en Derecho, además se establece que los aspirantes deberán gozar de reconocido prestigio personal y profesional, así como en la defensa, promoción y difusión de los Derechos Humanos. Además no haber desempeñado cargos en la Administración Pública Estatal, ni en la Fiscalía General del Estado.

Tampoco haber desempeñado otro empleo público, ni actividad que se contraponga a las funciones de la encomienda y no haber sido condenado por ningún delito doloso. En la convocatoria se señalan toda la documentación que se deberá entregar al Congreso para la postulación y la verificación que deberá de ser de ellos, la Comisión de Derechos Humanos.

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