Presenta el diputado Miguel Salim propuesta de reforma Constitucional en materia de seguridad pública

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Guanajuato, Gto., a 29 de octubre de 2020.- El diputado Miguel Salim presentó una propuesta de reforma al Artículo 11 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a fin de establecer los fines que deben regir la seguridad pública en el Estado, en concordancia a lo establecido en la Constitución Federal, con el objetivo de que los integrantes de las instituciones policiales se rijan por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género. 

Explicó que la propuesta se enfoca al análisis de la seguridad pública con base en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; «así, más que intentar limitar el concepto de seguridad pública, buscamos fortalecer la actuación y atribuciones del Sistema de Seguridad». 

Refirió que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública la define como una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.  

«Así entonces, vemos que hay una imprecisión al momento de definir la seguridad pública en la Constitución Federal y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que mientras en la primera no se señalan los fines de la seguridad, en la Ley sí se establecen los fines que adjudican a diversos órganos del Estado competencias que prevé la Constitución», apuntó.  

Salim Alle remarcó que los principios son las bases que regirán la conducta de los funcionarios encargados de la seguridad pública, pues existe una interrelación entre prácticamente todos los principios, pues para colmar el principio de legalidad, el de respeto a los Derechos Humanos y el de profesionalismo.   

Dijo que si se estudian con atención dichos criterios, «es posible darse cuenta del enorme reto que representa dotar a las instituciones de seguridad pública, en todos los niveles de gobierno, de una formación adecuada».   

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

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