Redacción

México.- Después de un año particularmente caótico en materia de seguridad a nivel nacional, y de haberse otorgado más de tres mil liberaciones por sobrepoblación en las cárceles a raíz de la pandemia, hasta el conteo de octubre son 13 mil 840 internos más en 10 meses, respecto a los contabilizados en todo el 2019.

La realidad es que hay más de tres mil presos que fueron preliberados a causa del Covid-19, pero todavía no se ha registrado ninguna excarcelación a través de la ‘Ley de Amnistía’, que fue uno de los conceptos estandarte promovidos por AMLO desde sus promesas de campaña y que se volvió una realidad en su primer año de mandato.

La Comisión de Amnistía, es el organismo encargado de revisar las solicitudes de los presos que solicitan el perdón y la excarcelación, un beneficio que se concede al procesado, cuando se determina que no existen riesgos para la sociedad a causa de la peligrosidad del involucrado, y se le permite permanecer en libertad mientras dura el proceso judicial en su contra, apenas tendrá hoy su primera sesión en seis meses.

Para dicho organismo hay esperando sobre la mesa hay un total de  mil 062 peticiones pendientes presentadas desde que el 20 de abril fue aprobado el mecanismo de forma exprés por el Senado de la República, el dictamen de esta norma estuvo inmóvil desde 2019 pero se recuperó fluidez con el inicio de la pandemia con idea de que la amnistía permitiera reducir la sobrepoblación en las cárceles, convertidas en focos latentes de contagio de covid-19.

Durante este período se registraron tres mil 140 pre-liberaciones y libertades otorgadas por compurga de pena en cárceles estatales a causa del coronavirus, pero el mecanismo aplicado para esta toma de decisiones no fue la amnistía sino la “Guía para llevar a cabo pre-liberaciones en el marco del Covid-19” elaborada por la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la secretaría de Gobernación, desarrollada en marzo, cuando la pandemia apenas comenzaba a manifestarse en México.

La diferencias son obvias, los parámetros que determina la guía buscan aminorar la sobrepoblación y sacar de prisión a personas especialmente vulnerables para evitar que enfermen, mientras que la Ley de Amnistía expone un proyecto para que personas condenadas por delitos leves y que cumplan una serie de requisitos puedan recuperar la libertad.

Hasta octubre, la secretaría técnica de la Segob había elaborado a penas 75 dictámenes de las 768 solicitudes que habían llegado hasta aquel momento, la mayoría de las peticiones venían de personas condenadas por narcomenudeo.

No ha sido un proceso fácil, ya que la pandemia limitó la actividad institucional, y el decreto de austeridad del ejecutivo federal, que cortó recursos financieros, alargaron los tiempos de resolución, por lo que valorar las peticiones de amnistía cuando muchas de las cuales estaban incompletas, reclamando la amnistía para personas imputadas con delitos graves como homicidio, casos que descartan la excarcelación.

La Comisión de Amnistía está presidida por la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; su papel es el de evaluar los dictámenes que llegan desde la secretaría técnica y aprobar o rechazar de manera definitiva las peticiones de amnistía. Aunque se suponía iba a estar en marcha rápidamente desde que el Senado aprobó la Ley de Amnistía, llegamos a final de año sin liberaciones por ese medio.

En el balance del último año, el subsecretario Alejandro Encinas hizo mención a más de 3 mil solicitudes y 28 liberaciones, todas logradas por la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, y no por la Comisión de Amnistía.

En este caso se trata de casos en que los afectados denuncian que fueron irregularmente ejecutados o que no se cumplieron todas las garantías constitucionales, por lo que reclaman que jamás debieron pisar la prisión.

A pesar de las más de tres mil liberaciones por Covid-19, México cierra el año con más presos que el año pasado.

 

RC

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