Alcalde de Cuernavaca podría ser destituido por ‘pedir’ moche a un negocio local

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Redacción

Cuernavaca.- Uno de los socios principales de negocio en Cuernavaca Morelos, acusa a personal de la administración local de haberle solicitado dinero en efectivo para poder trabajar, esto bajó las instrucciones del propio alcalde Francisco Antonio Villalobos Adán.

Según la historia que cuenta Proceso, todo comenzó con un autocinema llamado Autoexplanda, el cual comenzó a trabajar el 1 de julio de este año, al ser un negocio donde las personas se encontraban en su propio vehículo se cumplía con el distanciamiento social solicitado por las autoridades federales ante la actual pandemia.

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El espacio utilizado por el autocinema, fue solicitado por feligreses locales que deseaban realizar una misa en auto, situación que fue bien vista por el cura local y el obispo del lugar y de esta manera la ceremonia se fijó para el 19 de julio siguiente.

Ese día, más de un centenar de vehículos acudieron al sitio para presenciar la misa encabezada por Ramón Castro y Castro. La noticia apareció en todos los medios, incluida la fotografía. Tres días después, el ayuntamiento de Cuernavaca clausuró el predio, aludiendo que no contaba con todos los permisos. “Nadie está por encima de la ley”, dijo el alcalde de Morena, Villalobos Adán.

Luego de unos días, el predio fue reabierto. Sin embargo no se indicó las multas que se pagaron, hasta que el socio principal del negocio Autoexplanada, José Alberto Contreras Luna, silenciosamente presentó en los primeros días de agosto una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos. El delito: cohecho.

Se sabe que seis inspectores de fiscalización pidieron al empresario 200 mil pesos para darle permiso de reabrir. Los empleados dijeron que era una solicitud del alcalde.

Tras un operativo de la Fiscalía cuando las personas acudieron a realizar uno de los cobros pactados, se detuvieron a los seis involucrados directamente el pasado viernes 18 de agosto. Dos de ellos se encuentran bajo proceso y en cárcel preventiva.

En las investigaciones se reveló que los empleados del ayuntamiento señalaron directamente al presidente municipal Francisco Antonio Villalobos Adán y al coordinador de Protección Civil del ayuntamiento, Gonzalo Alberto Barquín Granados, de estar detrás del cobro indebido. Así que la denuncia escaló, lo que luego trascendió a los medios.

El alcalde, quien tiene además otra investigación abierta en la misma fiscalía, ha negado los hechos. Sin embargo, esta semana se confirmó que el próximo 11 de noviembre a las 8 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia de imputación en su contra y del otro funcionario, bajo la causa penal JC/874/2020 como parte de la carpeta de investigación FECC/289/2020-08, por el delito de cohecho.

Ahí, la fiscal presentará los elementos con los que cuenta para imputar el delito de cohecho al alcalde y será el juez quien determine si son suficientes para tomar medidas cautelares.

La fiscalía podría pedir entre ellas la prisión preventiva, cuya aplicación será determinada por el juez, aunque es poco probable que se logre la prisión sí puede ocurrir que se ordene al imputado que no se acerque a las dependencias involcuradas, la propia Presidencia Municipal y las Oficinas de Protección Civil, durante el proceso.

Esto con el objetivo de evitar influencia del funcionario en cuestión entre sus subordinados.

Según especialistas, si el juez determina esta medida cautelar para Villalobos Adán, tendría que pedir licencia al cargo al menos durante los tres meses que dure el proceso. Esto abriría la puerta a la Fiscalía Anticorrupción para llevar a cabo las diligencias de la otra investigación que pesa sobre el alcalde. Se trata de una investigación que ha incluido cateos a las oficinas del ayuntamiento, para averiguar el monto de los ingresos del edil.

Se le señala de haber adquirido propiedades y vehículos por un valor de más de 50 millones de pesos sólo durante el primer año de su gestión al frente de Cuernavaca. Un ayuntamiento que además, pasa por una de las peores crisis económicas en su historia, lo que ha obligado a despedir a entre 350 y 500 empleados, además de incrementar el adeudo de la administración.

Con información de Proceso

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